Una autorización firmada al momento de la matrícula no significa que un colegio tenga vía libre para publicar fotografías o videos de sus estudiantes menores de edad en internet. La protección de su imagen, intimidad y datos personales impone límites sobre el uso de este material.

Carolina Cañaveral Londoño, docente de Derecho Virtual de la Fundación Universitaria del Área Andina, explica que el consentimiento para utilizar la imagen de un menor debe ser previo, expreso e informado. Además, debe indicar con claridad para qué se utilizarán las fotografías o videos.

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La diferencia es especialmente importante cuando el contenido pasa de la comunicación académica al mercadeo institucional. No es lo mismo publicar una actividad escolar dirigida a la comunidad educativa que utilizar el rostro de un estudiante en publicidad, campañas para atraer alumnos o contenido promocional.

El consentimiento no es indefinido

Las autorizaciones deberían precisar aspectos como las plataformas donde se publicará el contenido, quién podrá acceder a él, durante cuánto tiempo estará disponible y si podrá reutilizarse posteriormente.

Además, las familias pueden revocar el consentimiento cuando consideren que la exposición ya no es conveniente o que las imágenes están siendo utilizadas para fines diferentes a los autorizados.

Ante un uso que consideren inadecuado, los acudientes pueden solicitar información sobre el tratamiento de las imágenes, pedir copia de la autorización y solicitar su eliminación. También existen mecanismos como las quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y acciones constitucionales para la protección de derechos fundamentales.

En el entorno digital, una fotografía escolar puede permanecer disponible durante años y contribuir a construir la huella digital de un menor antes de que tenga la edad para decidir sobre su exposición pública. Por eso, el interés superior del niño debe estar por encima de las necesidades de comunicación o promoción de una institución educativa.