La gestación por sustitución volvió al centro del debate en Colombia. Mientras en el Congreso avanza una iniciativa que busca establecer nuevas restricciones, especialistas advierten que el país necesita reglas claras para proteger a las mujeres gestantes, los niños y las familias que recurren a esta alternativa.

Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de una de cada seis personas en edad reproductiva enfrenta infertilidad en algún momento de su vida. Para algunas familias, además, existen condiciones médicas que hacen imposible llevar un embarazo. En estos casos, la medicina reproductiva ofrece alternativas como la gestación por sustitución.

¿Qué es la gestación por sustitución?

Se trata de un procedimiento mediante el cual una mujer lleva adelante un embarazo con el propósito previamente acordado de que, después del nacimiento, el niño o niña integre la familia de los llamados padres de intención.

Con los avances de la fecundación in vitro, también es posible que la mujer gestante no tenga vínculo genético con el bebé, ya que el embrión puede ser creado a partir de los gametos de otras personas.

El procedimiento, sin embargo, plantea importantes preguntas médicas, jurídicas y éticas: ¿quién debe asumir la responsabilidad sobre el proceso?, ¿cómo se protege a la mujer gestante?, ¿qué derechos tiene el niño? y ¿qué controles deberían tener las clínicas y quienes intervienen?

Colombia todavía tiene un vacío legal

La Corte Constitucional ha reconocido que la gestación por sustitución no está prohibida en Colombia, pero también ha advertido durante años la ausencia de una regulación específica.

Desde la Sentencia T-968 de 2009 y en decisiones posteriores, el alto tribunal ha llamado al Congreso a establecer reglas para proteger los derechos de las personas involucradas.

En 2022, la Corte volvió a exhortar al Gobierno y al Congreso a avanzar en una regulación integral. En 2023 también fue presentado un proyecto de ley para establecer condiciones sobre la práctica, pero terminó archivado.

Ahora el debate regresó al Congreso.

El 22 de julio de 2026 fue radicado el Proyecto de Ley 052 de 2026, que plantea, entre otras medidas, prohibir la gestación subrogada con fines lucrativos y determinadas formas de intermediación y promoción comercial. La iniciativa también contempla controles y mecanismos de protección para las mujeres gestantes y los niños y niñas.

El proyecto todavía está en trámite y no es una ley vigente.

¿Prohibir o regular?

Ese es precisamente el punto que divide el debate.

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Quienes defienden una regulación consideran que establecer requisitos médicos, psicológicos, jurídicos y económicos permitiría reducir riesgos, prevenir abusos y garantizar los derechos de todas las partes.

Entre las medidas que podría contemplar una regulación están el consentimiento libre e informado, controles médicos y psicológicos, protección frente a cualquier forma de explotación, reglas claras de filiación y seguimiento de las clínicas e intermediarios.

La discusión, por tanto, va más allá de estar a favor o en contra de la gestación por sustitución.

La pregunta que ahora enfrenta Colombia es si debe prohibir esta práctica o establecer un marco estricto que permita controlar cómo, cuándo y bajo qué condiciones puede realizarse.

Mientras el Congreso debate el futuro de esta alternativa reproductiva, miles de familias y mujeres podrían verse directamente afectadas por las decisiones que se adopten.