El gremio bancario considera que el país necesita fortalecer el acceso al crédito formal para pasar de un crecimiento económico proyectado del 2,3 % en 2026 al 6 % en 2030.
Colombia tiene el reto de acelerar su crecimiento económico durante los próximos años, pero enfrenta tres obstáculos que podrían limitar esa meta: los préstamos informales conocidos como gota a gota, el fraude financiero y la elevada carga tributaria. Así lo advirtió Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, durante la instalación del 24.º Congreso de Derecho Financiero.
De acuerdo con el dirigente gremial, estos factores deben abordarse si el país pretende pasar del 2,3 % de crecimiento proyectado para este año al 6 % que el Gobierno nacional se ha fijado como meta para 2030.
Malagón señaló que existe una relación entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico. Como ejemplo, recordó que las economías que más crecieron durante los últimos 50 años también registraron mayores niveles de profundización financiera.
Sin embargo, Colombia muestra un retroceso en este indicador: la cartera de crédito pasó de representar el 50 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 al 43 % actualmente. Para Asobancaria, el crédito debe expandirse a un ritmo superior al de la economía, siempre bajo condiciones sostenibles.
El gota a gota y las barreras para acceder al crédito
Uno de los principales problemas identificados por Asobancaria es el crecimiento de los préstamos informales. Malagón explicó que las restricciones en las tasas de interés pueden terminar dejando a miles de personas por fuera del sistema financiero formal.
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Según sus cálculos, cada punto porcentual que disminuye la tasa de usura puede excluir del crédito formal a cerca de 195.000 personas, que podrían terminar recurriendo a prestamistas informales.
Ante esta situación, propuso establecer límites de interés diferenciados según el tipo de crédito, pues actualmente se aplica un mismo tope tanto para los préstamos empresariales como para los destinados a personas naturales. Según el dirigente, este modelo solo se presenta en el 2 % de los países.
Fraude financiero: alertan por el uso indebido de la insolvencia
El segundo obstáculo tiene que ver con el fraude, especialmente en el entorno digital y en los mecanismos legales relacionados con el manejo de las deudas.
Malagón destacó los avances regulatorios de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) frente al fraude cibernético, pero también llamó la atención sobre el aumento de las solicitudes de insolvencia de personas naturales.
El presidente de Asobancaria aclaró que este mecanismo cumple una función legítima al ofrecer alternativas a quienes realmente no tienen capacidad de pago. Sin embargo, advirtió sobre su presunto uso irregular mediante la creación de obligaciones ficticias para acceder a sus beneficios.
Las cifras presentadas por el gremio muestran un incremento considerable: mientras en 2016 se registraron 422 solicitudes de insolvencia, en 2025 la cifra superó las 18.000.
Para Malagón, este comportamiento no se explica únicamente por una crisis económica y estaría relacionado, en parte, con lo que denominó el cartel de la insolvencia.
“En Colombia no podemos tener este nivel de mal uso de la insolvencia”, manifestó.
Impuestos a los bancos también impactarían el acceso al crédito
El tercer factor señalado por el gremio es la carga tributaria que enfrenta el sector financiero. Según Malagón, la tarifa de renta de los bancos en Colombia alcanza el 40 %, una de las más altas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Asobancaria calcula que 64 de cada 100 pesos de utilidad del sector bancario se destinan al pago de impuestos. De acuerdo con el dirigente, esta carga puede trasladarse a las condiciones de financiación y limitar los recursos disponibles para hogares y empresas.
Finalmente, Malagón agradeció al Gobierno nacional por incorporar en las bases del Plan Nacional de Desarrollo el Sistema Nacional de Sociedad Abierta y la Política Nacional de Rebancarización, iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de la inclusión financiera.
El planteamiento del gremio apunta a que ampliar el acceso al crédito formal, combatir las prácticas fraudulentas y revisar las condiciones tributarias del sector son asuntos que deben entrar en la discusión económica del país, especialmente frente a la meta de crecimiento fijada para 2030.