La organización solicitó a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía agilizar las investigaciones que continúan abiertas contra el exmandatario del Valle del Cauca y pidió al INPEC reforzar los controles durante el cumplimiento de su condena.

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia solicitó a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación acelerar los procesos judiciales que aún permanecen abiertos contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, al considerar que la demora en las investigaciones podría favorecer escenarios de impunidad.

El pronunciamiento fue realizado por Pablo Bustos, presidente de la organización, quien recordó que, aunque recientemente fue ratificada una condena contra el exmandatario por hechos relacionados con corrupción en la contratación pública, todavía existen expedientes pendientes de decisión.

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Según la Red de Veedurías, avanzar oportunamente en estos procesos es fundamental para evitar que algunos casos prescriban con el paso del tiempo.

Denuncias que deberán ser verificadas

Durante el pronunciamiento, la organización aseguró haber recibido denuncias anónimas según las cuales Abadía Campo continuaría ejerciendo una presunta influencia en asuntos políticos y administrativos del Valle del Cauca, pese a encontrarse privado de la libertad.

Entre los señalamientos, la veeduría mencionó una supuesta incidencia en decisiones relacionadas con Empresas Municipales de Cali (EMCALI), incluyendo la designación de funcionarios en cargos estratégicos.

No obstante, la organización aclaró que estas denuncias no constituyen hechos comprobados y que corresponde a las autoridades competentes verificar su veracidad dentro de las investigaciones que consideren pertinentes.

Solicitud al INPEC

La Red de Veedurías también pidió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fortalecer los controles sobre el régimen de visitas y comunicaciones del exgobernador, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y evitar posibles interferencias en asuntos de la administración pública.

Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el INPEC no se han pronunciado sobre las solicitudes realizadas por la organización.